Chainalysis 2025: Cómo $75,000 Millones en Criptoactivos Ilícitos Podrían Financiar las Reservas Nacionales

En 2025, la geopolítica financiera global se encuentra en un punto de inflexión. Diversas naciones, con Estados Unidos a la cabeza, están evaluando seriamente la creación de reservas oficiales de criptoactivos como parte de sus estrategias económicas futuras. Sin embargo, un giro inesperado ha surgido en el debate: un nuevo informe de Chainalysis sugiere que los gobiernos podrían tener a su disposición una fuente masiva y lista para usar de estos activos. La cifra es asombrosa: $75,000 millones en criptoactivos vinculados a actividades ilícitas que son potencialmente recuperables. Esta posibilidad de incautación a gran escala no solo redefiniría las estrategias financieras nacionales, sino que también alteraría profundamente la percepción de riesgo y oportunidad en el ecosistema cripto.

Los $75,000 Millones: ¿Dónde Están y Quién los Tiene?

El «Informe de Criptocrimen 2025» de Chainalysis desglosa este botín digital con precisión. Del total, $15,000 millones están mantenidos directamente por entidades ilícitas. La parte restante, $60,000 millones, se encuentra en carteras con lo que la firma denomina «exposición secundaria»; es decir, fondos que, en algún momento, han pasado por manos de actores maliciosos, un rastro que la naturaleza transparente de la blockchain hace visible.

Los principales beneficiarios de esta economía subterránea son los mercados darknet, que controlan la partida individual más grande: más de $40,000 millones en activos. Los activos robados, por su parte, representan la mayor parte de las tenencias ilícitas directas. Al analizar la distribución por criptomonedas, el dato es contundente: el 75% del valor ilícito total se mantiene en Bitcoin (BTC), que en 2025 cotiza alrededor de los $120,645. Aunque con una participación menor, el informe también nota un crecimiento preocupante en el uso de stablecoins para facilitar estas actividades.

De la Incautación a la Reserva: La Estrategia de EE. UU. y el Efecto Dominó

Este hallazgo se cruza de manera perfecta con una iniciativa concreta: la propuesta de la administración Trump para crear una «Reserva Estratégica de Bitcoin» y un «Fondo de Activos Digitales». El objetivo declarado es expandir las tenencias federales de criptoactivos por medios «neutrales al presupuesto», evitando así el uso de dinero de los contribuyentes.

Aquí es donde el informe de Chainalysis se vuelve estratégico. Las incautaciones masivas de activos ilícitos se presentan como la vía idónea para lograr este fin. Jonathan Levin, cofundador y CEO de Chainalysis, lo expresó claramente en una declaración a Bloomberg: la cifra de $75,000 millones «eleva el potencial de incautación de activos a un nivel completamente diferente» y, crucialmente, «cambia la forma en que los países piensan en eso». La aplicación de la ley se convierte, de repente, en política monetaria.

Incautaciones en Acción: El Caso de TradeOgre en Canadá

La teoría ya está tomando forma en la práctica. Un ejemplo reciente es la acción de las autoridades canadienses contra el exchange TradeOgre, que resultó en la incautación de $40 millones en activos digitales. Los cargos: operar sin registro y facilitar el lavado de dinero.

Sin embargo, este caso también sirve como advertencia de los desafíos por venir. La reacción de la comunidad cripto fue inmediata y crítica, acusando a las autoridades de sobrepasar los límites regulatorios y de establecer un precedente peligroso. Este microcosmos de debate ilustra perfectamente las complejidades legales, éticas y prácticas que los gobiernos enfrentarán a medida que escalen sus esfuerzos de incautación.

¿Crimen Desproporcionado? La Transparencia de la Blockchain y la Realidad de las Cifras

Para tener una perspectiva equilibrada, es esencial contextualizar estas cifras. El mismo informe de Chainalysis revela un dato crucial: en 2024, las transacciones ilícitas representaron solo el 0.14% de toda la actividad en la cadena de bloques, una tendencia que continúa a la baja.

Esta cifra palidece en comparación con el sistema financiero tradicional. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que entre el 2% y el 5% del PIB global –equivalente a billones de dólares– se lava anualmente a través de los canales financieros convencionales. Esta disparidad revela una «paradoja de la transparencia»: la naturaleza pública y rastreable de la blockchain hace que la actividad ilícita sea más fácil de detectar y cuantificar, mientras que en el sistema tradicional, el crimen financiero es inherentemente más opaco y menos reportado. La percepción de un ecosistema cripto dominado por el crimen es, en gran medida, una amplificación de su propia transparencia y del intenso escrutinio que recae sobre una industria todavía joven.

Conclusión

El panorama que se dibuja en 2025 es dual. Por un lado, se presenta una oportunidad histórica para que los estados financien sus futuras reservas digitales mediante una aplicación de la ley más agresiva y tecnológicamente habilitada. La lucha contra el criptocrimen podría, irónicamente, ser el pilar que sustente la adopción estatal de las criptomonedas.

Por otro lado, es imperativo mantener una perspectiva equilibrada que no demonice a todo el ecosistema. La tasa de actividad ilícita en la blockchain es significativamente menor que la de su contraparte tradicional. El año 2025 podría ser recordado como el punto de inflexión donde la geopolítica financiera, la seguridad nacional y la tecnología blockchain convergieron, demostrando que la misma transparencia que dificulta el crimen puede ser la llave para un nuevo modelo de reserva de valor nacional.