Informe Republicano Acusa a Reguladores de ‘Debanking’ Cripto y Exige Ley de Mercado Clara
Imagine intentar operar un negocio legítimo, pero que, de repente y sin una explicación clara, su banco le cierre todas las cuentas. Esta ha sido una queja recurrente en el ecosistema de activos digitales en Estados Unidos durante los últimos años. A principios de 2025, los republicanos del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes publicaron un informe final que no solo da crédito a estas denuncias, sino que las eleva a una acusación formal: una campaña coordinada de «debanking» orquestada por reguladores de la anterior administración.
Este documento, etiquetado por sus autores como la evidencia de una «Operation Choke Point 2.0», busca catalizar una respuesta legislativa definitiva. En este artículo, desglosamos las acusaciones del informe, exploramos la ley que promete ser la solución y analizamos cómo el cambio político en 2025 redefine esta batalla regulatoria.
El Informe y las Acusaciones de «Operation Choke Point 2.0»
Un Alegato Contra la Regulación Opaca
El documento, liderado por el congresista French Hill, presidente del Subcomité de Servicios Financieros, y Dan Meuser, presidente del Subcomité de Supervisión, sirve como la culminación de una investigación partidista. Su tesis central es contundente: bajo la administración Biden, agencias como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emplearon «normas vagas, discreción excesiva, orientación informal y acciones de enforcement agresivas» para presionar extraoficialmente a las instituciones bancarias a que cortaran servicios a clientes vinculados con criptoactivos.
El término «Operation Choke Point 2.0» no es casual. Hace referencia a un programa controvertido del Departamento de Justicia bajo la administración Obama, que buscaba desconectar a industrias consideradas de «alto riesgo» (como casas de apuestas o negocios de armas) del sistema bancario. Los republicanos argumentan que se ha desplegado una estrategia similar, pero esta vez teniendo como blanco principal a la industria de los activos digitales.
FDIC, OCC y SEC en el Punto de Mira
El informe detalla el modus operandi atribuido a cada agencia. Según los legisladores, la FDIC habría enviado cartas de «pausa» a bancos, instándolos a congelar o terminar relaciones con empresas de cripto. Por su parte, la OCC habría impuesto trámites burocráticos adicionales y barreras de supervisión específicas para cualquier actividad relacionada con este sector, desincentivando la participación bancaria.
Pero la acusación más significativa recae sobre la SEC y su estrategia de «regulación por enforcement». El informe sostiene que la oleada de demandas y acciones administrativas contra empresas de criptomonedas, sin un marco regulatorio claro preexistente, creó un clima de tal incertidumbre y riesgo legal que los bancos optaron por retirarse por completo. El documento afirma recopilar evidencias de al menos 30 entidades e individuos cuyas operaciones se vieron afectadas por estas prácticas coordinadas.
La Solución Legislativa Propuesta: La Ley CLARITY
De la Denuncia a la Propuesta
Más allá de la denuncia, el informe republicano tiene un objetivo claro: impulsar la aprobación de una legislación comprehensiva. La pieza central de esta solución es la Ley CLARITY (Digital Asset Market Structure Legislation). Los autores del reporte ven esta ley como el antídoto necesario para revertir el «debanking» y prevenir un futuro «Operation Choke Point 3.0».
Los objetivos declarados de la Ley CLARITY, según el informe, son ambiciosos: primero, poner fin al enfoque de regulación mediante demandas de la SEC; segundo, establecer reglas del juego claras y predecibles que permitan a las empresas operar dentro de la legalidad en EE.UU.; y tercero, de manera crucial, dejar explícitamente establecido en la ley que los bancos federales tienen autorización para custodiar, transar y emitir activos digitales, eliminando la ambigüedad que, según ellos, fue explotada por los reguladores.
Estado Actual del Proyecto de Ley en 2025
El camino legislativo de la CLARITY está avanzado, pero no exento de complejidades. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes en julio de 2024. En 2025, su destino se decide en el Senado, donde se encuentra bajo la revisión simultánea de dos comités con mayoría republicana: el Comité de Agricultura y el Comité Bancario. Cada uno tiene su propio borrador de ley, y la negociación para unificar un texto consensuado está en marcha.
La cronología es un factor clave. En noviembre de 2024, el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario, expresó su objetivo de tener una ley lista para ser firmada a principios de 2026. En el contexto político de 2025, con una administración presidencial alineada en principio con los objetivos de la ley, la presión para cumplir ese plazo es alta, aunque el proceso de conciliación entre los comités del Senado y una eventual votación final suponen desafíos significativos.
El Nuevo Contexto Político: El Cambio con la Administración Trump
El informe analiza acciones pasadas, pero el panorama regulatorio actual es radicalmente diferente. Desde enero de 2025, la administración del presidente Trump ha tomado un rumbo diametralmente opuesto al descrito en el documento. Este cambio se ha materializado en dos frentes principales.
Primero, a través de órdenes ejecutivas que ordenan la revisión y reversión de políticas asociadas al «debanking» de industrias legales, incluida la de activos digitales. Segundo, y quizás más impactante a medio plazo, mediante el nombramiento de figuras percibidas como más favorables a la innovación financiera en puestos de liderazgo dentro de la Fed, la FDIC, la OCC y la propia SEC.
Este nuevo contexto plantea una pregunta crucial: ¿reduce la urgencia de la Ley CLARITY? El análisis sugiere que no necesariamente. Para los impulsores de la ley, la acción administrativa es ágil pero reversible. Una legislación aprobada por el Congreso proporcionaría una base jurídica permanente y sólida, actuando como un «respaldo» legislativo a los cambios regulatorios actuales y blindando al sector frente a futuros giros políticos.
Reacciones y Perspectivas de Futuro
El Debate Sigue Abierto
La naturaleza partidista del informe se hace evidente en las reacciones. Mientras desde la industria cripto se ha recibido con aplausos como la validación oficial de sus quejas de años, la oposición demócrata ha guardado un silencio elocuente. Medios especializados intentaron sin éxito obtener una reacción de la congresista Maxine Waters, la miembro de mayor rango demócrata en el comité, lo que subraya la profunda división política en este tema.
Los detractores potenciales del informe, aunque no citados directamente en él, sostendrían que las acciones regulatorias previas no eran una «cacería», sino esfuerzos necesarios para proteger a los consumidores, prevenir el lavado de dinero y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero ante un sector novedoso y volátil. Argumentarían que el informe es un documento político que simplifica un desafío regulatorio complejo.
Consecuencias e Impacto a Largo Plazo
Las implicaciones trascienden el debate doméstico. Estados Unidos compite en una carrera global por el liderazgo en la economía digital. Una ley clara como la CLARITY podría ser el catalizador para atraer inversiones, talento e innovación que, de otro modo, podrían dirigirse a jurisdicciones con marcos más definidos, como la Unión Europea con su Regulación MiCA.
A nivel interno, este tema ha dejado de ser un nicho técnico. El «debanking» y la regulación cripto se han convertido en un asunto de debate electoral, con una base de votantes cripto cuyo peso podría sentirse en las elecciones de mitad de período de 2026, presionando a candidatos de ambos partidos a definir su postura.
Conclusión
El informe republicano de 2025 cristaliza una batalla de años en un documento de acusación formal: el «debanking» del ecosistema cripto no fue, según esta visión, un efecto colateral casual, sino el resultado de una estrategia regulatoria hostil y coordinada. La solución propuesta, la Ley CLARITY, representa el intento legislativo más serio hasta la fecha para crear una estructura de mercado clara y poner fin a la incertidumbre.
Sin embargo, la historia se está escribiendo en dos frentes paralelos. Mientras el Congreso navega el lento pero permanente proceso legislativo, la administración Trump en 2025 ya está alterando el panorama a través de la vía ejecutiva. Este momento es, por tanto, un punto de inflexión. El informe no es solo una denuncia del pasado; es un instrumento de presión política para el futuro. Su legado final no se medirá por sus acusaciones, sino por su capacidad para impulsar la tan anhelada claridad que defina el rol de Estados Unidos en la era de los activos digitales.
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