Coinbase defiende su financiación del nuevo salón de baile de la Casa Blanca tras la demolición del Ala Este
En octubre de 2025, una acusación del senador Chris Murphy encendió la polémica en Washington: según el legislador, Coinbase se habría convertido en «un engranaje de la fábrica de corrupción de Trump» tras financiar la construcción del nuevo salón de baile presidencial y ver cómo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiraba una acción legal en su contra semanas después. La controversia, que mezcla intereses corporativos, decisiones regulatorias y cambios arquitectónicos en la residencia presidencial, revela las tensiones crecientes entre la industria de las criptomonedas y el poder político.
La “fábrica de corrupción” de Trump
El 15 de octubre de 2025, el senador Chris Murphy publicó en X un hilo donde detallaba sus sospechas. «Coinbase donó millones al PAC Fairshake y a la inauguración de 2025, y ahora la SEC retira su demanda contra ellos», escribió. «Mientras, la empresa financia el nuevo salón de baile de Trump tras la demolición del Ala Este». Murphy no dudó en calificar estas acciones como parte de una «fábrica de corrupción» donde las donaciones corporativas parecen traducirse en favores regulatorios.
Defensa de Faryar Shirzad, director de políticas de Coinbase
La respuesta de Coinbase no se hizo esperar. Faryar Shirzad, director de políticas de la empresa, explicó que su apoyo al salón de baile se realizó a través del Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro. «Fairshake es un PAC no partidista al que contribuyen docenas de empresas», afirmó Shirzad. «No somos el contratista general del proyecto, y si hay insatisfacción con el resultado, no somos el objetivo adecuado». La compañía evitó comentar tanto el monto exacto donado como la polémica demolición del Ala Este.
Cambios en el plan original del salón de baile
Los detalles del proyecto revelan sustanciales modificaciones respecto al anuncio inicial. En julio de 2025, la administración Trump había prometido un salón de baile de 90,000 pies cuadrados con un costo de 200 millones de dólares, asegurando que la estructura no afectaría el Ala Este, tradicional sede de la Oficina de la Primera Dama. Sin embargo, para octubre de 2025, fotografías aéreas confirmaban la demolición completa del ala histórica, mientras el costo del proyecto se había elevado a 350 millones de dólares.
Cena de recaudación en la Casa Blanca
Semanas antes de que estallara la polémica, representantes de Coinbase, Gemini y Ripple Labs habían participado en una cena de recaudación en la Casa Blanca. Este evento formaba parte de una estrategia más amplia de engagement político que incluyó el patrocinio de Coinbase a la celebración del 250 aniversario del Ejército estadounidense en junio de 2025, donado a través de America250, iniciativa que la empresa describe como «no partidista».
Coinbase y la administración Trump
El contexto político añade capas de complejidad. Durante el cierre gubernamental de 31 días en octubre de 2025, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, mantuvo reuniones con legisladores clave mientras el Responsible Financial Innovation Act permanecía estancado en el Congreso. Paralelamente, la nominación de Michael Selig, conocido abogado pro-cripto, para dirigir la CFTC sugería un fortalecimiento de la influencia del sector en Washington.
Impacto en la percepción pública
Las acusaciones de Murphy han reavivado el debate sobre los conflictos de interés potenciales cuando las donaciones corporativas coinciden con decisiones regulatorias favorables. Aunque casos anteriores de financiación de inauguraciones presidenciales por otras industrias establecen precedentes, la visibilidad de Coinbase en este episodio podría afectar la confianza de inversores y usuarios, particularmente sensibles a las apariencias de favoritismo político.
Conclusión
Coinbase mantiene su postura: contribuciones legales a causas cívicas, sin relación con decisiones regulatorias. Pero la demolición del Ala Este y el timing de la retirada de la demanda de la SEC plantean interrogantes incómodos. Este caso funciona como termómetro de una relación más amplia: la de una industria emergente que busca legitimidad política mientras navega los riesgos de la percepción pública. El verdadero test será cómo la industria cripto gestionará en el futuro el delicado equilibrio entre participación política e independencia regulatoria.
