Corea del Sur impone responsabilidad bancaria a los exchanges de cripto tras el hackeo de Upbit: ¿Qué significa para los usuarios?

El ecosistema de criptomonedas en Corea del Sur se encuentra en un momento decisivo. Tras el grave incidente de seguridad que afectó a Upbit a finales de noviembre de 2025, las autoridades financieras han respondido con una propuesta regulatoria que marca un punto de inflexión. La Comisión de Servicios Financieros (FSC) busca cerrar las «grandes brechas en la protección al consumidor» expuestas por el hackeo, elevando el estándar de responsabilidad de las plataformas de intercambio al nivel de la banca tradicional. Este movimiento, impulsado por el robo de 104 mil millones de tokens basados en Solana (equivalente a unos 44.5 mil millones de won), no es un ajuste menor; es un cambio de paradigma.

El núcleo de la reforma: La «responsabilidad sin culpa»

¿Qué es la responsabilidad sin culpa y por qué representa un cambio radical? Este principio, que ya rige para bancos y firmas de pagos electrónicos bajo la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, obliga a las instituciones a compensar a los clientes por pérdidas derivadas de hackeos o fallos del sistema, incluso si la plataforma no es culpable por negligencia directa. La propuesta actual consiste en extender este mismo marco legal a los exchanges de criptomonedas.

En la práctica, esto significa una transferencia fundamental del riesgo: deja de recaer principalmente sobre el usuario final para pasar a ser una carga operativa y financiera asumida por la plataforma. La equiparación formal con las instituciones financieras tradicionales es, sin duda, el corazón de esta reforma histórica.

Más allá de Upbit: El patrón que alarmó a los reguladores

El hackeo de noviembre no fue un incidente aislado, sino el episodio más grave de un patrón preocupante. Un informe de la Superintendencia de Servicios Financieros (FSS) revela que, desde 2023, las cinco principales exchanges del país (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax) reportaron al menos 20 fallos del sistema. Estos incidentes afectaron a más de 900 usuarios y generaron pérdidas combinadas superiores a 5 mil millones de won.

Solo Upbit, además del ataque principal, registró 6 fallos que impactaron a 600 clientes. Estas cifras pintan un panorama de vulnerabilidades operativas persistentes, proporcionando el contexto necesario que impulsa una respuesta regulatoria estructural y no meramente punitiva por un solo evento.

El paquete regulatorio completo: Multas, seguridad y transparencia

La revisión legislativa en proceso incluye un paquete integral de medidas. Por un lado, se establecerán requisitos de seguridad IT más estrictos y estándares operativos más altos. Pero el elemento disuasorio más contundente son las nuevas sanciones financieras. Se propone imponer multas de hasta el 3% de los ingresos anuales por incidentes de hackeo, un umbral idéntico al aplicado a la banca.

Esto contrasta radicalmente con la situación actual, donde la multa máxima es de aproximadamente 3.4 millones de dólares estadounidenses. Para un exchange grande, el 3% de sus ingresos podría representar una cifra astronómicamente mayor, elevando exponencialmente el costo del incumplimiento.

El escrutinio político y los retrasos en la notificación

Además, el escrutinio político se ha intensificado debido a los retrasos en la notificación. En el caso de Upbit, el hackeo fue detectado poco después de las 5 a.m., pero la notificación a la FSS no se realizó hasta casi las 11 a.m. Algunos legisladores han alegado que este retraso pudo ser intencional, ya que ocurrió minutos después de que Dunamu, operador de Upbit, finalizara una fusión con Naver Financial. Este episodio subraya la exigencia regulatoria de implementar protocolos de reporte inmediato y transparente.

El panorama regulatorio más amplio en Corea del Sur

Esta reforma no surge en el vacío. Se enmarca dentro de una ofensiva legislativa más amplia destinada a madurar el ecosistema cripto. En paralelo, avanza con urgencia un Proyecto de Ley de Stablecoins. Los legisladores están presionando a los reguladores para que entreguen un borrador antes del 10 de diciembre de 2025, y el partido gobernante ha advertido que avanzará sin el gobierno si se pierde el plazo. El objetivo es llevar el proyecto a debate en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en enero de 2026.

Esta iniciativa, sumada a la reciente ofensiva contra el lavado de dinero (AML) que apunta a transferencias de cripto incluso inferiores a ~680 USD, configura un entorno donde la claridad normativa y la protección del inversor son las prioridades absolutas.

Conclusión: Implicaciones y el camino a seguir

La combinación de un hackeo masivo y un patrón documentado de fallos operativos ha catalizado la medida regulatoria más significativa para los exchanges en años. Sus implicaciones son profundas.

Para los usuarios coreanos, se traduce en una mayor protección y seguridad, acercando la experiencia cripto a la de un servicio financiero tradicional regulado. Para los exchanges, implica costos operativos y de cumplimiento normativo mucho más altos, una barrera de entrada elevada y la necesidad de realizar inversiones masivas en infraestructura de seguridad. Para el mercado global, Corea del Sur podría estar estableciendo un precedente sobre cómo jurisdicciones maduras pueden regular la industria, equilibrando innovación con responsabilidad.

El camino a seguir está ahora en el proceso legislativo. La revisión de la normativa de responsabilidad y la ley de stablecoins definirán conjuntamente el marco operativo del mercado cripto surcoreano para los próximos años, siendo la sesión de enero de 2026 en la Asamblea Nacional un momento clave. La pregunta final que queda flotando en el aire es si este modelo de «responsabilidad bancaria», nacido de la adversidad, terminará convirtiéndose en el estándar global que dé mayor confianza a los usuarios de criptoactivos en todo el mundo.