Corsarios Digitales: El Audaz Proyecto de Ley de EE. UU. que Revive una Ley del Siglo XVIII para Combatir la Ciberdelincuencia

En un mundo donde el cibercrimen no conoce fronteras y los robos de criptomonedas superan ya los tres mil millones de dólares en 2025, la búsqueda de soluciones efectivas se ha vuelto una prioridad urgente. Frente a esta realidad, una propuesta legislativa en los Estados Unidos ha sorprendido por su enfoque radicalmente anacrónico y, a la vez, innovador: combatir a los piratas informáticos del siglo XXI resucitando la figura de los corsarios del siglo XVIII. Este audaz proyecto, conocido como «The Scam Farms Marque and Reprisal Authorization Act of 2025», presentado en agosto por el congresista David Schweikert, propone autorizar a «neo-corsarios» para que tomen la justicia por su mano en el ciberespacio.

¿Qué es el «Scam Farms Act» y quién está detrás?

El origen de esta iniciativa se encuentra en la oficina del congresista republicano por Arizona, David Schweikert. El objetivo declarado del proyecto de ley es contrarrestar de manera directa y contundente lo que denomina una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional: las empresas criminales que se dedican a la «ciberdelincuencia y al trabajo forzado». La propuesta caracteriza estos delitos, que van desde el ransomware hasta el robo de identidad, no como meros actos criminales, sino como auténticos «actos de guerra» perpetrados por individuos, el crimen organizado y, en algunos casos, gobiernos extranjeros hostiles.

Letras de Marca y Represalia: Del Caribe al Ciberespacio

Para entender la magnitud de esta propuesta, es esencial viajar al pasado. Una «Carta de Marca y Represalia» era una autorización que un gobierno otorgaba a capitanes privados —los corsarios— para atacar y capturar barcos de naciones enemigas en tiempos de conflicto. Era el equivalente a privatizar parcialmente la guerra naval.

El proyecto de ley de Schweikert moderniza este concepto de manera literal. Traduce la autorización del mundo físico al digital: en lugar de perseguir galeones, estos «neo-corsarios» —que en la práctica serían empresas de ciberseguridad, consultores especializados o cazadores de recompensas a gran escala— recibirían permiso del gobierno estadounidense para localizar, perseguir y neutralizar los activos digitales y la infraestructura de los cibercriminales identificados como blancos.

Blancos Autorizados: ¿A qué ciberdelitos se enfrentarían?

El alcance de la ley es específico y refleja las mayores preocupaciones actuales en materia de seguridad digital. Los «neo-corsarios» estarían autorizados a actuar contra una lista definida de delitos, que incluye:

• Robo de criptomonedas.
• Ataques de ransomware (como los perpetrados por grupos como Chaos o BlackSuit).
• Estafas de «Pig Butchering» o Sacrificio de Cerdos, sofisticados fraudes de inversión romántica que culminan con el vaciado de las carteras de las víctimas.
• Robo de identidad.
• Acceso no autorizado a computadoras para obtener información sensible.
• Tráfico de contraseñas en línea.
• Comprometer sistemas con código malicioso.

Mecanismos de Acción y Polémica

La polémica reside en el «cómo». El proyecto otorga a estos contratistas privados la potestad de emplear los «medios razonablemente necesarios» para detener, castigar e incautar la propiedad de los ciberdelincuentes. Esta vaguedad deliberada abre un intenso debate ético y legal.

Por un lado, se teme que se esté institucionalizando un vigilantismo digital patrocinado por el Estado. Los riesgos de ataques equivocados, daños colaterales a infraestructuras críticas inocentes o la violación de la soberanía de otros países son enormes. La falta de supervisión directa y la rendición de cuentas de actores privados que operan en las sombras del ciberespacio preocupa a expertos en derecho internacional.

Por otro lado, los defensores argumentan que la agilidad y el expertise del sector privado son necesarios para enfrentar una amenaza transnacional y escurridiza que a menudo supera la capacidad de agencias gubernamentales tradicionales. Sería una respuesta contundente y disuasoria donde más les duele a los criminales: en sus billeteras digitales.

El Vínculo Directo con las Criptomonedas y el Tesoro Nacional

Este proyecto no surge en el vacío. Se conecta directamente con una narrativa de política más amplia del gobierno estadounidense respecto a las criptomonedas. La ley establece que todos los activos digitales incautados por estos corsarios serían puestos bajo proceso judicial para su forfeiture (decomiso) final, transfiriéndose así al gobierno.

Este mecanismo encuentra un eco perfecto en la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en enero de 2025, que crea una reserva federal de Bitcoin y criptoactivos. Dicha reserva solo puede nutrirse mediante estrategias de presupuesto neutral o, significativamente, mediante la incautación de activos. Casos recientes allanaron el camino: la incautación de 20 BTC ($2.3 millones) al grupo Chaos Ransomware por el FBI, el millón de dólares decomisado al grupo BlackSuit por el Departamento de Justicia (DOJ), y los $2.8 millones autorizados para incautación en el caso contra Ianis Antropenko. El «Scam Farms Act» podría convertirse así en una potente herramienta para alimentar directamente las arcas del Estado, al tiempo que se combate el delito que ha causado pérdidas por $3 mil millones en 2025.

Conclusión

«The Scam Farms Act of 2025» es, sin lugar a dudas, una de las propuestas legislativas más audaces y sin precedentes en la historia de la ciberseguridad. Revive un concepto jurídico arcaico para aplicarlo al dominio más moderno que existe, el digital. Es crucial recordar que, por ahora, se trata solo de un proyecto de ley cuyo camino hacia una potencial aprobación será sin duda complejo, plagado de debates acalorados y escrutinio legal.

La pregunta final que deja flotando en el aire es profunda: ante la impotencia frente a una crisis de ciberdelincuencia que no cesa, ¿es esta la solución radical que se necesita? ¿O los enormes riesgos de crear mercenarios digitales con licencia para hackear superan los beneficios potenciales? El futuro de la aplicación de la ley en Internet podría depender de la respuesta.