El Salvador y Bitcoin en 2025: Reservas sin beneficio ciudadano y el impacto del acuerdo con el FMI
Introducción
A cuatro años de convertirse en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda legal, El Salvador enfrenta críticas por el limitado impacto en su población. El acuerdo con el FMI de enero de 2025 eliminó este estatus para el BTC, mientras un informe del organismo contradice las compras oficiales anunciadas. La promesa de inclusión financiera se desvanece ante la realidad: reservas estatales que no llegan a las calles.
El giro regulatorio: Acuerdo FMI vs. Iniciativa Bitcoin
El préstamo del FMI exigió cambios legales radicales: Bitcoin perdió su carácter de «moneda de curso legal» y el gobierno aceptó prohibir nuevas adquisiciones. Según el informe del FMI 2025: «El Salvador no ha comprado Bitcoin desde la firma del acuerdo». Sin embargo, la Oficina de Bitcoin insiste en continuar su estrategia de acumulación, generando una contradicción pública que socava la transparencia. Este retroceso refleja la presión para priorizar estabilidad macroeconómica sobre innovación.
Beneficio gubernamental vs. Realidad ciudadana
La ONG My First Bitcoin revela el abandono educativo: «Bitcoin ya no es moneda de curso legal […] y no vemos esfuerzos para educar a la gente», declara Quentin Ehrenmann. Mientras las reservas estatales crecen (según datos de la Tesorería de Bitcoin), su utilidad cotidiana es nula. El BTC opera como activo especulativo en bóvedas digitales, no como herramienta de inclusión. La ventaja fiscal para el gobierno contrasta con la desinformación ciudadana, donde pocos comercios aceptan pagos y menos ciudadanos los demandan.
Evidencia en terreno: La adopción real (2023 vs. 2025)
En 2023, iniciativas como IBEX Pay permitían pagos relámpago en hostales: «Es más rápido que la tarjeta», afirmaba un empleado. Dos años después, reporteros aún deben explicar a comerciantes cómo recibir pagos vía Lightning Network. La tecnología existe, pero sin formación masiva, queda relegada a nichos. El contraste es claro: avances técnicos sin adopción real, donde la brecha de conocimiento anula el potencial de inclusión prometido en 2021.
Debate: ¿Fracaso del experimento Bitcoin?
Legisladores señalan que el retroceso legal marca el fin de la fase «revolucionaria». Expertos critican las reservas como mera apuesta especulativa, desconectada de la economía real. Las ONGs denuncian el abandono del principio fundacional: inclusión financiera. La Ley Bitcoin sigue vigente para transacciones privadas, pero sin apoyo estatal, su alcance es marginal. La pregunta clave es si el modelo salvadoreño se reduce ahora a un fondo de inversión estatal sin democratizar los beneficios.
Conclusión
El acuerdo con el FMI sepultó el estatus legal del Bitcoin, convirtiéndolo en un activo reservado sin impacto social. La lección es clara: la adopción cripto en economías emergentes exige educación accesible e infraestructura inclusiva, no solo acumulación estatal. Las reservas de BTC pueden generar ganancias fiscales, pero sin integración en la vida diaria, profundizan la desconexión entre gobierno y ciudadanía. Mientras El Salvador acumula Bitcoin en bóvedas digitales, los salvadoreños siguen esperando su promesa de inclusión financiera.
