Francia intensifica la supervisión de Binance y otros exchanges en medio de la lucha de poder regulatorio en la UE

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Francia intensifica la supervisión de Binance y otros exchanges en medio de la lucha de poder regulatorio en la UE

El escrutinio regulatorio sobre el sector de las criptomonedas en Europa no deja de crecer. En 2025, Francia ha emergido como uno de los actores más determinantes en esta materia, con la Autoridad de Supervisión Prudencial y Resolución (ACPR) a la cabeza de una ofensiva inspectiva. Este artículo analiza las auditorías en curso a plataformas como Binance y la clara ambición francesa de centralizar la supervisión del criptomercado en el marco del Reglamento MiCA de la Unión Europea.

Las auditorías de la ACPR a exchanges de criptomonedas

Desde el año pasado, la ACPR ha ampliado significativamente el alcance de sus inspecciones. Según fuentes familiarizadas con el proceso, la autoridad está auditando a Binance y a docenas de otros exchanges de criptomonedas. El foco principal recae en el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

Estas auditorías, iniciadas en 2024 y que se mantienen en curso durante 2025, se caracterizan por su naturaleza confidencial. En el caso específico de Binance, la supervisora ya había exigido a la plataforma, con anterioridad, el refuerzo de sus controles de riesgo. Un portavoz de Binance ha declarado que la empresa «colabora de manera proactiva con los reguladores» como parte de su operación regulada en Francia, subrayando su compromiso con el marco normativo local.

Francia y su estrategia regulatoria en la UE

La postura de Francia no es un hecho aislado. En septiembre de 2024, las autoridades galas anunciaron una posición más estricta, incluyendo la posibilidad de bloquear el acceso a empresas que operen con licencias de otros países de la UE. La Autorité des Marchés Financiers (AMF) ha manifestado su preocupación por la existencia de vacíos regulatorios que podrían explotarse.

Este movimiento se enmarca en la aplicación del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que prevé un «pasaporte regulatorio» para operar en toda la Unión. No obstante, existe un riesgo tangible de fragmentación en su implementación. Marie-Anne Barbat-Layani, presidenta de la AMF, ha señalado que la medida de bloqueo es una «posibilidad que se mantiene en reserva», un recordatorio del poder que Francia está dispuesta a ejercer.

La pugna por el control centralizado en Europa

El Banco de Francia ha llevado la discusión a un nivel superior. François Villeroy de Galhau, su gobernador, ha advertido sobre los peligros de una regulación fragmentada y ha solicitado formalmente que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) asuma la supervisión directa de los principales actores del sector cripto.

La justificación es clara: el crecimiento acelerado de las criptomonedas en la región exige estándares uniformes para evitar asimetrías y garantizar la estabilidad financiera en toda la Unión Europea. La propuesta busca, en esencia, consolidar un modelo de supervisión más integrado y robusto, con París aspirando a desempeñar un papel central en esta nueva arquitectura.

Implicaciones para los exchanges y el mercado

Para las plataformas bajo auditoría, las consecuencias son directas. Se ven obligadas a reforzar sus equipos de cumplimiento y ciberseguridad, y disponen de plazos de varios meses para corregir las deficiencias identificadas por la ACPR.

Este entorno plantea un impacto significativo en la competencia y la innovación. Una posible concentración del poder regulatorio en manos de unas pocas autoridades, como la francesa, podría alterar el panorama competitivo. Por un lado, podría aumentar la confianza de inversores y usuarios al elevar los estándares; por otro, existe el riesgo de ralentizar la agilidad que ha caracterizado al ecosistema.

Conclusión

En resumen, Francia está consolidando su liderazgo regulatorio mediante una campaña de auditorías ampliada que mantiene bajo presión a Binance y otras plataformas en 2025. La aplicación del reglamento MiCA se ha convertido en un campo de batalla donde se define la futura influencia regulatoria dentro de la UE.

Las perspectivas futuras apuntan hacia un debate crucial: ¿Se centralizará la supervisión cripto bajo la égida de la ESMA, como propone Francia? La respuesta a esta pregunta dependerá de las negociaciones entre los estados miembros y de las posibles reacciones de aquellos países que defiendan un modelo más descentralizado. Lo que es seguro es que el camino hacia una regulación armonizada en Europa está plagado de desafíos y ambiciones nacionales.

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