Pennsylvania Propone Prohibir las Criptomonedas a sus Funcionarios: Todo Sobre el Proyecto de Ley HB1812

En la intersección entre el poder político y las oportunidades financieras de la era digital, la transparencia se ha convertido en un campo de batalla. A principios de 2025, este debate ha tomado forma en Pennsylvania a través de una iniciativa legislativa audaz. El representante estatal Ben Waxman, demócrata del Distrito 182, ha presentado el proyecto de ley HB1812, una propuesta que busca prohibir de manera tajante que los funcionarios electos y sus familias se beneficien de operaciones con criptomonedas en las que tengan un interés personal. Esta medida, que ya ha generado un intenso debate, plantea una pregunta fundamental: ¿es esta la solución para prevenir conflictos de interés en la nueva frontera financiera?

¿Qué Prohíbe Exactamente la Ley HB1812 de Pennsylvania?

El núcleo del HB1812 es claro y específico. La legislación busca prohibir a cualquier funcionario público electo «lanzar, promover o operar (trading) con monedas en las que tengan un interés financiero personal». El alcance de la prohibición es notablemente amplio.

No solo se aplica a los propios funcionarios durante todo su mandato, sino que también se extiende a sus familias inmediatas. Además, la restricción no finaliza al dejar el cargo; permanece vigente hasta un año después de abandonar la función pública.

Para los titulares de cargos en activo, el proyecto establece un requisito de desinversión obligatoria. Una vez que la ley entre en vigor, dispondrían de un periodo de gracia de 90 días para liquidar todas sus tenencias de criptomonedas. Es importante destacar que estas normas solo se aplican a transacciones que superen un umbral financiero de $1,000, buscando así enfocarse en operaciones de mayor impacto.

Hasta 5 Años de Prisión: Las Sanciones por Incumplir la Ley

La propuesta de Waxman no se limita a establecer prohibiciones; también define un régimen de sanciones severo para quienes lo violen. Las consecuencias económicas son cuantiosas, con multas que pueden alcanzar los $50,000.

Sin embargo, lo más llamativo son las penas de cárcel. Para las violaciones más graves de las actividades restringidas, el proyecto de ley contempla penas de prisión de hasta cinco años. Esta severidad equipara deliberadamente una violación de estas normas con delitos graves de corrupción financiera.

Waxman vs. Trump: El Contexto Político del Proyecto

Para entender la motivación detrás del HB1812, es necesario mirar hacia Washington D.C. El representante Waxman ha sido explícito al señalar que su iniciativa es una respuesta directa a lo que él denomina «corrupción» a nivel federal, con un claro objetivo: la administración del presidente Donald Trump.

Las acusaciones se centran en que el presidente se estaría beneficiando financieramente de proyectos cripto, con menciones específicas a su memecoin $TRUMP, al tiempo que promueve políticas que reducen la supervisión federal sobre estos mercados. La propuesta de Pennsylvania se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de varios legisladores demócratas que han presentado iniciativas similares en el Congreso.

Bitcoin en las Reservas vs. Prohibición: La Postura Dual del Estado

La situación en Pennsylvania es una muestra perfecta de la división que existe sobre cómo abordar las criptomonedas desde las instituciones. Mientras Waxman propone una prohibición estricta para los funcionarios, hace apenas unos meses, en noviembre de 2024, el estado fue escenario de una iniciativa legislativa completamente opuesta.

El representante Mike Cabell propuso entonces un proyecto de ley que habría autorizado al tesorero estatal a invertir hasta un 10% de los fondos de Pennsylvania en Bitcoin. Aunque aquel plan finalmente no prosperó, este contraste ilustra a la perfección el intenso debate interno que vive el estado.

Implicaciones y Futuro de la Ley de Criptomonedas en Pennsylvania

La posible aprobación del HB1812 tendría implicaciones que trascienden las fronteras de Pennsylvania. De avanzar, podría sentar un precedente poderoso para otros estados que contemplen medidas similares, marcando un nuevo estándar de transparencia.

Por un lado, podría mejorar la percepción de legitimidad del sector al intentar eliminar conflictos de interés flagrantes. Por otro, existe el riesgo de que disuada a personas con conocimientos tecnológicos profundos de incursionar en la vida pública.

El camino legislativo por delante es largo. El proyecto, que actualmente cuenta con el apoyo de ocho copatrocinadores, todos demócratas, debe superar la aprobación en comité, las votaciones en la Cámara y el Senado estatales, y finalmente la firma del gobernador. Sus probabilidades de éxito están, por ahora, ligadas a la dinámica partidista.

Conclusión

La propuesta del representante Waxman es un reflejo de los tiempos que vivimos: un esfuerzo por adaptar las normas de ética pública a la complejidad de los nuevos activos digitales. El HB1812, con sus prohibiciones expansivas y sus sanciones severas, subraya la creciente preocupación por los conflictos de interés en la intersección entre la política y las criptomonedas.

Al mismo tiempo, la historia reciente de Pennsylvania nos recuerda que la conversación está lejos de estar zanjada. Este año se perfila como crucial en la definición del marco regulatorio estatal y federal para las criptomonedas, un debate donde la confianza pública es, en última instancia, el activo más valioso a proteger.