Ro Khanna busca prohibir a Trump y funcionarios operar con criptomonedas y acciones: Un análisis del conflicto de intereses
El congresista estadounidense Ro Khanna ha presentado una propuesta que busca prohibir a Donald Trump, su familia y todos los funcionarios electos operar con criptomonedas y acciones. La iniciativa, que ha reavivado el debate nacional sobre la ética en las inversiones de los servidores públicos, surge como respuesta a posibles conflictos de interés que podrían estar afectando la transparencia política.
La propuesta de Ro Khanna: Detalles y motivaciones
Durante una entrevista en MSNBC, el representante demócrata por California expuso claramente sus argumentos: «Cualquier funcionario electo debe ser prohibido de tener criptomonedas y aceptar dinero extranjero». Khanna centró sus críticas en las operaciones de Trump y su familia, mencionando específicamente a World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas del hijo del expresidente.
Particularmente contundente fue su postura frente al indulto de Changpeng «CZ» Zhao, fundador de Binance, que calificó como «corrupción descarada». Aunque la ley aún no se ha registrado oficialmente en el Congreso en 2025, ya genera expectativas sobre su posible trámite legislativo.
El caso Trump y World Liberty Financial (WLFI)
Las acusaciones de Khanna apuntan a supuestos vínculos financieros entre Binance y WLFI, sugiriendo que CZ habría apoyado la stablecoin de Trump a cambio del indulto presidencial. «CZ financió la stablecoin de Trump a cambio del perdón», afirmó el congresista durante su intervención mediática.
Frente a estas acusaciones, Eric Trump, hijo del expresidente, salió al cruce en una entrevista de septiembre de 2024: «Mi padre dirige una nación, no está involucrado en nuestros negocios». Este episodio se suma a otras acusaciones previas sobre conflictos de interés en la familia Trump.
El indulto a Changpeng «CZ» Zhao y su polémica
El caso de CZ añade capas de complejidad al debate. Condenado por violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y por faltas en el programa Anti-Lavado de Dinero de Binance, su indulto generó fuertes reacciones en el ámbito político.
Khanna no duda en calificar a CZ como «lavador de dinero que financió terrorismos» y considera el indulto como un acto de «corrupción». Por su parte, CZ respondió a las críticas de la senadora Elizabeth Warren afirmando que «no tiene los hechos correctos», negando categóricamente cualquier vínculo con actividades terroristas.
¿Hipocresía en la política? El caso Khanna
Los datos sobre las inversiones del propio Khanna invitan a examinar la coherencia de su postura. Según Quiver Quant, el congresista registró un volumen de operaciones bursátiles de $80.3 millones en 2025, continuando una tendencia que desde 2017 acumula 35,000 operaciones por $580 millones en volumen, principalmente en sectores financieros, tecnológicos y de salud.
Esta intensa actividad bursátil plantea preguntas inevitables sobre la ética en las inversiones de todos los funcionarios, incluido el propio promotor de la ley, generando dudas sobre la consistencia entre su discurso público y su práctica privada.
Contexto nacional: Prohibiciones a funcionarios
El debate se enmarca en una iniciativa bipartidista más amplia que busca restringir las operaciones bursátiles de los congresistas, cuya votación está prevista para 2025. Históricamente, Estados Unidos ha enfrentado tensiones entre el derecho de los funcionarios a invertir y los potenciales conflictos de interés.
Varios casos anteriores han generado sospechas de uso de información privilegiada, lo que ha llevado a un creciente consenso sobre la necesidad de establecer regulaciones más estrictas para los servidores públicos.
Conclusiones y perspectivas
La iniciativa de Khanna pone sobre la mesa dilemas fundamentales para la democracia estadounidense. Mientras el congresista impulsa una ley ética, su propio historial invita al escepticismo; Trump y su familia enfrentan acusaciones serias sobre sus operaciones con criptomonedas; y el indulto a CZ sirve como ejemplo de los posibles favores políticos que preocupan a la ciudadanía.
La reflexión final conduce inevitablemente a preguntarse si los funcionarios pueden operar en los mercados sin generar conflictos de interés, y qué impacto tendrán estas regulaciones en la ya deteriorada confianza pública hacia sus representantes.
La respuesta a estas cuestiones podría redefinir los estándares éticos en la política estadounidense, en un momento donde la transparencia se ha convertido en una demanda ciudadana cada vez más urgente y necesaria para la salud del sistema democrático.
