Rodrigo Paz: Cómo la Blockchain Busca Erradicar la Corrupción en Bolivia
El presidente electo impulsa la tecnología de cadena de bloques en licitaciones públicas y regulariza criptoactivos para un fondo de estabilización.
En un contexto político marcado por su victoria con el 54.5% de los votos frente a Jorge Quiroga, Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, heredando desafíos complejos: escasez de combustible, crisis de divisas y una ciudadanía que exige transparencia. Frente a este escenario, su propuesta más innovadora apunta a convertir la tecnología blockchain en la principal herramienta anticorrupción del Estado.
Blockchain en el corazón de las reformas
El programa de gobierno del Partido Demócrata Cristiano establece dos aplicaciones concretas de esta tecnología. La primera consiste en implementar blockchain en las licitaciones públicas mediante contratos inteligentes, que son protocolos informáticos que ejecutan automáticamente los términos de un acuerdo cuando se cumplen condiciones predeterminadas. Este sistema eliminaría la discrecionalidad en las compras estatales, haciendo imposible modificar pliegos o adjudicaciones una vez registradas en la cadena de bloques.
La segunda medida exige incluir criptoactivos en las declaraciones de bienes de los ciudadanos, con el objetivo de alimentar un fondo de estabilización cambiaria. Esta regularización única permitiría ampliar la base tributaria mientras facilita la conversión rápida de estos activos digitales a monedas tradicionales, aportando liquidez inmediata a las reservas nacionales.
Pragmatismo tecnológico, no revolución cripto
Es crucial diferenciar el enfoque de Paz de otras experiencias regionales. El mandatario electo no promueve el Bitcoin como moneda de curso legal, sino que utiliza la blockchain como instrumento anticorrupción. Los criptoactivos se consideran parte de una regularización excepcional, no como reserva nacional permanente. Esta postura se refleja en la ausencia de planes para legalizar pagos minoristas con criptomonedas o constituir reservas en BTC.
De la prohibición a la integración: evolución normativa
Este giro pragmático culmina un proceso que comenzó en junio de 2024, cuando Bolivia levantó la prohibición de transacciones con criptoactivos que mantenía desde 2020, autorizando canales electrónicos regulados. Según el Banco Central, esta medida duplicó el volumen mensual de trading en el primer semestre de implementación.
La adopción progresiva en la economía real ha sido notable: en octubre de 2024, el Banco Bisa comenzó a ofrecer custodia institucional de USDT; en marzo de 2025, YPFB exploró el uso de criptoactivos para importar energía; y para septiembre de 2025, distribuidores de Toyota, Yamaha y BYD ya aceptaban USDT como medio de pago.
El memorándum de cooperación firmado con El Salvador en julio de 2024 aceleró este proceso, facilitando intercambios técnicos en modernización de pagos e inclusión financiera. Los números confirman la tendencia: un volumen mensual de $46.8 millones y $294 millones acumulados en trading hasta junio de 2025.
Transparencia con desafíos
La implementación de blockchain en contrataciones públicas podría reducir significativamente los espacios para la manipulación y el favoritismo, limitando la intervención de intermediarios. Sin embargo, el plan enfrenta desafíos considerables, desde la volatilidad inherente de los criptoactivos en el fondo de estabilización hasta la necesidad de capacitación técnica masiva y aceptación ciudadana.
Bolivia se posiciona así como referente regional en cripto-pragmatismo, siguiendo a El Salvador pero con un enfoque distintivamente utilitario que prioriza la lucha anticorrupción sobre cualquier consideración ideológica.
Conclusión: modernización con propósito
Del prohibicionismo absoluto a la integración estratégica en apenas un año, Bolivia demuestra cómo la tecnología blockchain puede servir como puente hacia la modernización estatal. El éxito de estas iniciativas dependerá de su implementación práctica post noviembre de 2025, pero el mensaje es claro: la transparencia dejó de ser una promesa electoral para convertirse en una política de estado con herramientas tecnológicas concretas. La ciudadanía deberá mantenerse atenta a estos desarrollos que podrían redefinir la relación entre el Estado y la corrupción en Bolivia.
