STREAMLINE Act 2025: Así moderniza el Congreso la Ley de Secreto Bancario tras 50 años
Durante más de medio siglo, la Ley de Secreto Bancario ha sido el pilar fundamental en la lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos. Establecida en 1970, esta legislación requirió que las instituciones financieras reportaran transacciones sospechosas o aquellas que superaran ciertos umbrales. Sin embargo, en 2025, los montos establecidos hace décadas se han vuelto obsoletos, generando una carga administrativa excesiva y desviando recursos de actividades verdaderamente riesgosas.
Frente a este escenario, el STREAMLINE Act emerge como una solución bipartidista que busca actualizar estos parámetros, equilibrando la eficiencia operativa con la necesaria supervisión financiera. Este análisis examina los cambios propuestos, su impacto en bancos y empresas de criptoactivos, y el contexto legislativo que podría definir el futuro de la regulación financiera en 2025.
¿Qué es el STREAMLINE Act?
El STREAMLINE Act representa el esfuerzo legislativo más significativo para modernizar la Ley de Secreto Bancario en cinco décadas. Liderado por el senador republicano Tim Scott y respaldado por figuras como Pete Ricketts, este proyecto de ley busca reducir la burocracia que enfrentan las instituciones financieras, manteniendo al mismo tiempo las herramientas necesarias para que las autoridades judiciales combatan el crimen financiero.
La iniciativa no pretende debilitar los mecanismos de control, sino optimizarlos. Como señaló recientemente el senador Ricketts: «Después de 50 años sin ajustes, es imperativo modernizar estos umbrales para que las instituciones puedan concentrarse en las transacciones realmente sospechosas, no en el papeleo rutinario».
Cambios en los Umbrales de Reporte
Los ajustes propuestos en el STREAMLINE Act modifican sustancialmente los parámetros de reporte establecidos en 1970:
Currency Transaction Report (CTR)
El umbral se eleva de $10,000 a $30,000 para transacciones en efectivo, reconociendo que el poder adquisitivo de $10,000 en 1970 equivaldría a más de $75,000 en 2025.
Suspicious Activity Report (SAR)
Los rangos de reporte por actividades sospechosas aumentan de $2,000-$5,000 a $3,000-$10,000, permitiendo a las instituciones enfocarse en casos de mayor relevancia.
Adicionalmente, el proyecto establece que el Departamento del Tesoro revisará estos montos cada cinco años para ajustarlos según la inflación, evitando así que futuras generaciones enfrenten la misma obsolescencia regulatoria.
Impacto en Bancos y Uniones de Crédito
Para las instituciones financieras tradicionales, el STREAMLINE Act significa una reducción inmediata de cargas operativas. Se estima que los bancos procesan millones de reportes CTR anualmente, muchos de los cuales corresponden a transacciones legítimas de clientes habituales.
Con los nuevos umbrales, estas instituciones podrán reasignar recursos hacia la monitorización proactiva de actividades genuinamente sospechosas, mejorando la eficiencia sin comprometer la seguridad financiera. La modernización permitirá que los equipos de cumplimiento se concentren en patrones complejos de lavado de dinero en lugar de dedicar tiempo a transacciones rutinarias que han perdido relevancia estadística.
Implicaciones para Empresas de Criptoactivos
El sector de criptoactivos representa uno de los beneficiarios más significativos de esta actualización. Empresas como Coinbase y Kraken, que actualmente deben cumplir con las mismas obligaciones de reporte que los bancos tradicionales, obtendrán mayor claridad regulatoria y procedimientos adaptados a la naturaleza digital de sus operaciones.
El STREAMLINE Act complementa otras iniciativas legislativas como la Ley CLARITY, creando un marco federal coherente para los criptoactivos. Esto es particularmente relevante considerando que muchas transacciones digitales superan fácilmente los umbrales establecidos en 1970, pero no necesariamente representan actividades ilícitas.
Diálogo Legislativo y Compromisos
El impulso regulatorio se refleja en las recientes reuniones entre líderes del sector cripto y legisladores. Senadores demócratas como Kirsten Gillibrand se han reunido con ejecutivos de Circle, Ripple y Chainlink, demostrando un interés bipartidista en establecer regulaciones claras.
Como señaló la periodista Eleanor Terrett tras estos encuentros: «Los senadores se comprometieron a lograr una ley». Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos, particularmente la paralización del gobierno que se extiende hasta octubre de 2025, afectando el calendario legislativo para votaciones cruciales.
Iniciativas Paralelas: Open Banking y DeFi
Paralelamente al STREAMLINE Act, grupos de fintech y cripto han presentado una carta al CFPB solicitando regulaciones de open banking que afirmen la propiedad de los datos financieros por parte de los usuarios. Esta iniciativa conecta directamente con el ecosistema DeFi y la banca digital, donde las APIs sirven como puente entre las finanzas tradicionales y descentralizadas.
La convergencia de estas discusiones sugiere un replanteamiento integral del sistema financiero estadounidense, donde la modernización de la Ley de Secreto Bancario es solo un componente de una transformación más amplia.
Contexto y Perspectivas
La actualización de los umbrales responde a una realidad económica ineludible: la inflación acumulada ha erosionado significativamente el valor original de los montos establecidos en 1970. Expertos en cumplimiento destacan que mantener parámetros obsoletos no mejora la seguridad financiera, sino que diluye los recursos en la monitorización de transacciones que han perdido relevancia en el contexto actual.
Mientras los partidarios enfatizan las ganancias en eficiencia, algunos críticos advierten sobre posibles riesgos en la detección de lavado de dinero. El desafío legislativo consistirá en equilibrar estos intereses durante el proceso de enmiendas y discusiones en comité.
Conclusión
El STREAMLINE Act representa un avance histórico en la modernización de la supervisión financiera estadounidense. Al actualizar umbrales que llevaban más de 50 años sin revisión, el proyecto ofrece beneficios tangibles para instituciones tradicionales y empresas emergentes de criptoactivos, manteniendo al mismo tiempo los mecanismos esenciales para combatir el crimen financiero.
Como primera actualización sustancial de la Ley de Secreto Bancario en cinco décadas, esta iniciativa marca un punto de inflexión en la adaptación regulatoria a la realidad económica del siglo XXI. El seguimiento de su trámite legislativo durante 2025 será crucial para entender el futuro del sistema financiero estadounidense y su capacidad para equilibrar agilidad operativa con control efectivo.
